Por Berenice Bedoya Pérez, representante legal de la ASI
La pandemia del Covid-19 ha develado en su real dimensión la crisis civilizatoria originada por un sistema económico y social que ha sumido a la humanidad en la desesperanza y en la angustiante lucha diaria por la sobrevivencia.
En América Latina, el caso patético de esta crisis, infortunadamente, es Colombia, anclada en la premodernidad e incapaz de seguir adelante por el sendero de la convivencia, ante la negativa del Gobierno del presidente Duque de implementar el Acuerdo de Paz suscrito en 2016, generando el retorno de la barbarie en buena parte del territorio nacional: van 46 masacres en lo que va corrido del año y el país se desangra ante la mirada atónita de sus habitantes y la impotencia e ineficacia de las autoridades.
La realidad estremece ante los niveles demenciales en que ha escalado la violencia, pues la sociedad colombiana diariamente presencia un verdadero holocausto: son genocidios cometidos en las últimas dos semanas… El Gobierno de manera simplista culpa de la autoría de estos crímenes al narcotráfico, cuando las recientes investigaciones dan cuenta que el recrudecimiento del fenómeno de la violencia plantea otros enfoques que trascienden el esquematismo de las autoridades.
En efecto, ante el abandono de los Acuerdos de Paz, Colombia asiste a una propagación masiva de la reinvención de los grupos de autodefensa, en lo que se puede considerar el neoparamilitarismo en distintas regiones del país como la Sierra Nevada de Santa Marta (Pachencas y el autodenominado grupo Los nuevos conquistadores de la Sierra), los Montes de María, (Juancho Dique, Urabeños y Diego Vecino), Barranquilla (Oficina del Caribe de los Giraldo), Sur del Cesar (Urabeños y Juancho Prada), Buenaventura y Chocó (Urabeños), Tumaco (Urabeños), Llanos Orientales (Héroes del Vichada y Bloque Meta), Cúcuta y Catatumbo (Rastrojos y Bloque Frontera), Eje Cafetero (Urabeños/Cordillera), Bajo Cauca Antioqueño (Caparrapos), Sur de Córdoba (Urabeños), La Guajira (Los González), Cauca (herederos del Bloque Calima), Nariño (Contadores).
La mayor parte de estas bandas neoparamilitares son aparatos armados de poderosos carteles de la droga que operan a sus anchas, no obstante, la masiva militarización en varias de estas regiones. Como en la década de los 90 la táctica del paramilitarismo mediante el asesinato sistemático busca además de sembrar pánico en la población, desestructurar las relaciones y los vínculos sociales, destruyendo la identidad y la cultura de una comunidad. Por lo visto esta tecnología de la barbarie está de regreso en Colombia y consecuencialmente dicho fenómeno no puede seguir siendo abordado con las mismas teorías y conceptos que se usaron en el reciente pretérito.
Urge entonces formular nuevos enfoques que den cuenta de la complejidad de las dinámicas de la violencia que hoy vuelven a atormentar al pueblo colombiano que no puede quedarse impávido contando los muertos, sino que a través de la movilización y la organización social debe exigir al Estado en su conjunto parar cuanto antes este genocidio sistemático.
