A través de nueva fase de Emergencia Social, Gobierno de Duque despoja de derechos a los trabajadores, favoreciendo intereses del gran capital

Por Berenice Bedoya Pérez, representante legal de la Alianza Social Independiente (ASI)

Paulatinamente el Gobierno del presidente Iván Duque viene profundizando las medidas de inequidad social aprovechando la declaratoria de Emergencia Social, hundiendo a las clases medias y carenciadas del país en el más completo abandono y triturando el concepto de Estado Social de Derecho, concebido en la Constitución de 1991. 

Ahora, con la segunda fase de la emergencia, este gobierno de estirpe neoliberal ha expedido una serie de decretos que van dirigidos a terminar de desmantelar el Estado colombiano en beneficio del gran capital, abriendo la privatización de Ecopetrol y las empresas públicas que hacen parte del denominado holding financiero estatal, lo cual es totalmente inadmisible cuando los precios de los activos a causa de la pandemia se cotizan a la baja.

Pero no solamente se viene una nueva etapa de privatización de los activos públicos sino que siguiendo la sugerencia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, hoy activo socio político del Gobierno, de disminuir ostensiblemente los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores, Duque genera una serie de decretos en ese sentido, adoptando las ávidas iniciativas contempladas en la agenda empresarial del Consejo Gremial Nacional, rechazadas de manera contundente en las multitudinarias movilizaciones del 21 de noviembre del año pasado. Se trata, en definitiva, de una política de masacre laboral, por cuanto se contemplan medidas como la eliminación de las contribuciones por nómina a la salud, al ICBF, al SENA y a las Cajas de Compensación Familiar; la modificación de la jornada de trabajo; y la eliminación de las horas extras, dominicales y festivos.

Bajo un discurso vacío en el que se alude a la “solidaridad”, Duque con su nueva tanda de decretos busca justificar la desmejora de los derechos sociales de los trabajadores, apelando a “re-negociones salariales, rotación de puestos y licencias, así como el pago por horas trabajadas”.

También esta nueva fase de la Emergencia Social la utiliza el gobierno de Duque para servirles en bandeja lo que han venido presionando las transnacionales del extractivismo minero-energético: reducir los trámites y procedimientos para lograr en forma expedita las licencias ambientales y la eliminación de las consultas previas con las comunidades.

Cuando el pueblo colombiano espera del Estado soluciones concretas a su crítica situación, como por ejemplo, una renta básica extraordinaria para los sectores vulnerables durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, Duque sale con este tipo de políticas dirigidas a desmontar los derechos de los trabajadores y favorecer al gran capital concentrado que se caracteriza por su afán de codicia y especulación.

A través de nueva fase de Emergencia Social, Gobierno de Duque despoja de derechos a los trabajadores, favoreciendo intereses del gran capital

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