Persecución a periodistas y propuesta de reducción salarial, dos debates que Colombia en medio de la pandemia tiene que encarar

Por Berenice Bedoya Pérez, representante legal de la Alianza Social Independiente (ASI)

Ojalá que las propuestas orientadas a reducir los salarios, eliminar las primas legales de junio y diciembre, suspender el pago de cesantías y sus intereses, no termine siendo otra cortina de humo para tratar de bajarle el impacto en la opinión pública a la denuncia de persecución y espionaje a 34 periodistas por parte del Ejército, en una ilegal maniobra a todas luces que atenta contra la libertad de prensa.

Son dos debates que los sectores sociales y democráticos tenemos que dar por el impacto que tienen en el país, sobre todo porque atentan contra las libertades públicas y los derechos colectivos. En efecto, parece que en las Fuerzas Militares y de Policía aún sigue predominando la doctrina de la Seguridad Nacional que se sustenta en el combate al “enemigo interno”, por lo cual se volvió un procedimiento normal la intercepción telefónica y el seguimiento a toda persona que se considera opositora al Gobierno o que asuma una postura contestataria. Cuando creíamos superado el capítulo de las denominadas “chuzadas” que se denunciaron durante el mandato de Álvaro Uribe, ahora vuelven a replicarse en el gobierno de Iván Duque y para tratar de solucionar esta grave anomalía que atenta contra el periodismo y la libertad de expresión, el Ministro de Defensa llama a calificar servicios a unos cuantos oficiales, como si con ello se solucionara el problema. Este debate tiene que dilucidarse y transparentarse, destapando la responsabilidad de quienes desde las altas esferas del Gobierno dieron la orden de ejecutar esos ilegales procedimientos.

En medio de este escándalo de espionaje contra periodistas, algunas propuestas  intenta retrotraer a Colombia a la Edad Media en cuanto al tratamiento de un tema tan sensible y crucial como es el del trabajo y las fuerzas de producción, para supuestamente enfrentar la pandemia del Covid-19, sugiriéndole además al Gobierno presentar una reforma de flexibilización laboral al Congreso. Sumado a los efectos negativos del COVID sobre la clase trabajadora, desmejorar sus condiciones laborales sería el camino para precipitar al país a un desastroso genocidio social, representado en  despidos masivos, pauperizando aún más el trabajo, incrementando sustancialmente el desempleo, la informalidad, y el desconocimiento de los derechos colectivos.

De ahí que desde la ASI no solo rechazamos de manera categórica esa propuesta que afecta los derechos de los colombianos, sino que reiteramos que la emergencia sanitaria no se puede aprovechar para afectar a los trabajadores en sus derechos adquiridos. Por eso levantamos nuestra voz contra todo intento de mantener acciones oprobiosas que atentan contra la construcción de pluralismo y democracia.

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