Inaceptable aprovechar emergencia sanitaria para camuflar reforma pensional por decreto

Por Berenice Bedoya Pérez, representante legal Alianza Social Independiente (ASI)

Inadmisible desde todo punto de vista que el presidente Iván Duque aproveche las facultades que le otorga el estado de emergencia sanitaria, social y ecológica para expedir un decreto en virtud del cual realiza una camuflada reforma pensional, cuyo objetivo no es otro que el de otorgar más gabelas al especulativo capital financiero, propietario de la privadas y codiciosas Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP), en detrimento de una entidad estatal como Colpensiones.

Mediante Decreto 558 expedido el 15 de abril, el gobierno de Duque implementa un cambio de fondo al sistema pensional colombiano, afectando derechos humanos, sin ningún debate democrático, y que además, no tiene que ver con la emergencia económica y social.

El sentido de esta medida es el de quitarles responsabilidades a las AFP de asumir las pensiones de los cotizantes con salario mínimo y sea Colpensiones, la que pague. 

¿Por qué el Gobierno disminuye por dos meses la cotización a pensiones del 16 % al 3 %? El propio Decreto 558 da la respuesta: este 3 % no va para la cuenta del trabajador, sino que está destinado a “financiar los gastos de administración del sistema y la cobertura de los riesgos de invalidez y sobrevivencia”.

De esta manera se asegura al sector financiero, dueño de las AFP, que, aunque el trabajador deje de ahorrar en su cuenta individual el 13% de sus aportes por dos meses, de todas maneras, los fondos seguirán recibiendo el respectivo 3 % para cubrir sus gastos de funcionamiento.

Así se desfinancia a Colpensiones, ya que la obliga a asumir el pago de unas mesadas para las cuales los recursos se estaban acabando mientras que la mayor parte de las cotizaciones sigue llegando a las AFP.

En el caso de las personas con ingresos superiores pero cercanos al salario mínimo (que son la gran mayoría de trabajadores en el país), la apuesta es que Colpensiones se convierta en un “pilar solidario” que asuma grandes gastos asociados a pocas cotizaciones. Entre tanto, las AFP mantienen pocas mesadas pensionales y siguen recibiendo el grueso de las cotizaciones.

Representantes del gobierno como el Ministro del Trabajo y el director de Colpensiones se han venido enredando al explicar los alcances del mencionado decreto que so pretexto de la emergencia sanitaria, beneficia de manera exorbitante al capital especulativo que sustenta a las AFP, dizque para “garantizar un derecho a un sector de la población”.

Ese derecho está determinado en el Decreto 832 de 1996 que en su artículo 12 dispone que, si el fondo no tomó precauciones para garantizar la pensión mínima, “la suma que haga falta será a cargo de la AFP, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar”.

Ninguna emergencia, por más poder que le confiera al Presidente de la República, puede relevar de sus responsabilidades jurídicas a nadie, y menos a empresas privadas que operan y se lucran de un mercado de riesgo como es el accionario en donde todo es posible, o sea, nada es sobreviniente.

Lo que hace Duque es darles más beneficios a estas entidades que legalmente deben asumir toda la responsabilidad.

No admite justificación alguna que aprovechándose de la emergencia sanitaria, el Estado colombiano salga a cubrir las pensiones de los fondos privados para que el gran capital y los potentados del país que son los grandes accionistas de las AFP, no tengan que tocar sus fortunas.

El Gobierno Nacional está en mora de explicar detalladamente por qué salva a las AFP de sus obligaciones legales, las cuales tienen financieramente como responder.

Más aún cuando casi la mitad del valor de los fondos está invertido en actividades especulativas, cuyos rendimientos dependen de la estabilidad y buen funcionamiento de las economías y de las empresas.

Es evidente que el plan de gobierno de Duque no contempla prioridades humanas más allá de toda una parafernalia publicitaria de engaño y falacias para de manera camuflada o abiertamente seguir beneficiando a los sectores privilegiados económicamente del país en desmedro de las grandes mayorías.

Ante el alcance pernicioso del referido Decreto 558 que constituye una afrenta contra el sistema de Seguridad Social y los trabajadores del país que cotizan mensualmente en los fondos de pensiones, se hace imperativo alzar la voz de protesta, por cuanto en las actuales circunstancias de crisis sanitaria constituye un total desatino que se continúe implementando esta desventurada política económica, que ha hundido a Colombia en la pobreza, la inequidad y la desesperanza.

Inaceptable aprovechar emergencia sanitaria para camuflar reforma pensional por decreto

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